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Wednesday, July 06, 2011

Seminario 'Empresa y derechos humanos: más allá de la crisis', organizado por la UOC y Novartis

Seminario 'Empresa y derechos humanos: más allá de la crisis', organizado por la UOC y Novartis

Los expertos destacan la creciente implicación social de las empresas

06/07/2011 08:21:00 Las empresas cada vez están más implicadas en la responsabilidad social corporativa (RSC), una demanda creciente por parte de la sociedad, sobre todo en el contexto de crisis económica actual. En la última década, los diferentes sectores implicados han incrementado la atención al impacto de las empresas privadas en aspectos sociales, medioambientales y de derechos humanos de las sociedades en las que operan.

Este es el contexto que ha analizado en Barcelona el seminario internacional 'Empresa y derechos humanos: más allá de la crisis', organizado por la UOC, en el marco del Master en Derechos Humanos y Democracia, y la Fundación Salud, Innovación y Sociedad - Novartis (FSIS) y que ha reunido a expertos, representantes del mundo empresarial y sindical, así como académicos.

El objetivo del seminario era analizar las principales consecuciones e identificar los retos de futuro, además de recoger experiencia internacional en principios y buenas prácticas. Por eso, el seminario (continuación del Foro Internacional sobre Responsabilidad Social 2010, organizado por la UOC, FSIS y Fomento del Trabajo) ha realizado un análisis con una perspectiva global, europea y española para después finalizar con un debate abierto entre representantes de los distintos sectores implicados.

Las diferentes ponencias se han referido a los momentos clave que han marcado este nuevo marco, como el Pacto mundial de las Naciones Unidas, impulsado por el anterior secretario general, Kofi Annan, en el año 1999 en Davos, y que es la iniciativa más importante a escala internacional en este sentido. Otro punto de inflexión tuvo lugar el día 16 de junio, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los Principios rectores de John Ruggie (representante especial del secretario general para los Derechos Humanos, las Empresas Transnacionales y Otras Empresas), fruto de seis años de trabajo.

Lucy Amis, investigadora del Institute for Human Rights and Business de Londres, se ha referido a los Principios de Ruggie («los cuales animan a las empresas a cumplirlos, pero no se las obliga») y ha destacado que veintiocho países ya los han adoptado como propios. Amis también se ha referido al grupo de trabajo que a partir de septiembre formarán cinco expertos independientes que en los próximos tres años promoverán y difundirán los Principios rectores y visitarán diferentes países donde tendrán en cuenta, sobre todo, los temas referentes a la perspectiva de género y el trabajo infantil.

«Actualmente se da una convergencia unánime en torno a estos principios», ha explicado Amis, que se ha declarado optimista. «Existen oportunidades y muchas posibilidades para mejorar las cosas», ha dicho, a pesar de reconocer que las encuestas a empresas muestran que tan solo una cuarta parte de estas conocen el nuevo marco normativo de las Naciones Unidas. Según esta experta, hay que centrar los esfuerzos en un liderazgo tanto en el campo gubernamental, en el que hay muchas incoherencias, como en las empresas, de las cuales ha criticado actuaciones como las de France Telecom o Vodafone cuando cerraron sus redes de comunicación durante las revueltas en países árabes.

Por otra parte, Klaus M. Leisinger, presidente y director ejecutivo de la Fundación por el Desarrollo Sostenible - Novartis, ha criticado que en el mundo empresarial mucha gente todavía no vea este debate como propio. «Las empresas tienen que conocer todas las dimensiones del problema», ha apuntado. Leisinger ha recomendado a las empresas que «formen parte del debate y aporten sus argumentos». «Los gestores de las empresas no son monstruos, sino personas, pero creen que las obligaciones públicas no tienen que interferir en los intereses privados», ha recordado. Este experto ha terminado pidiendo que el debate sea «menos ideológico».

La perspectiva europea
Una vez explicado el marco general, la segunda parte del seminario se ha centrado en Europa, que dispone de una regulación estricta en lo referente a empresas y derechos humanos, la cual, en términos generales, es bastante respetada. El problema es que no existe ninguna legislación sobre mecanismos de recuperación del impacto sobre los derechos humanos de las operaciones extraterritoriales de las multinacionales europeas, lo que implica que se sigan cometiendo abusos de estas en países en vías de desarrollo.

Así, Thomas Dodd, experto de RSC de la Comisión Europea, que ha participado en el seminario con una conferencia grabada en vídeo, ha repasado algunas acciones de la Comisión en este ámbito y ha reconocido las mejoras que han tenido lugar en los últimos años. Con respecto a los Principios rectores de Ruggie, ha admitido que «el marco de las Naciones Unidas es el mejor, porque se ocupa de un tema polémico y lo convierte en menos difícil». Sobre la actuación de las empresas europeas fuera del territorio de la UE, ha recordado que la competencia es de los estados y no de la UE, pero ha admitido que hay «problemas por resolver». También ha abogado por la participación de los distintos actores: «El diálogo entre las diferentes partes implicadas ha sido una constante en nuestro planteamiento. Y eso cada vez será más importante».

La siguiente ponencia ha sido la de Mauricio Lazala, vicedirector del Business and Human Rights Resource Centre, una ONG ubicada en Londres que realiza el seguimiento del impacto en temas de derechos humanos de más de cinco mil empresas. Lazala ha reconocido que «en el campo de las empresas y los derechos humanos se ha adelantado mucho en los últimos diez años, tanto internamente en las empresas como en las sociedades en las que operan. Hace diez años en Europa había muy pocas empresas que adoptaran políticas explícitas en derechos humanos, mientras que ahora hay muchas», ha afirmado.

Lazala ha enumerado mejoras como que ciertas bolsas de valores hayan creado filtros en este sentido, la creación de organismos públicos que se ocupen de esta materia, el mayor número de publicaciones académicas o el trabajo realizado desde el Banco Mundial y la UE, entre otros aspectos. «Diez años atrás, ONG como Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, la Cruz Roja o Greenpeace tan sólo monitoreaban los gobiernos, mientras que ahora también lo hacen con el sector privado». «En esta década se ha dado una gran mejora, pero ningún país europeo ni del resto del mundo tiene legislación que solucione los impactos de la vulneración de los derechos humanos», ha alertado.

La siguiente intervención ha sido de Juan de la Mota, presidente de la Red Española del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, quien ha recordado que «el Pacto Mundial tiene una perspectiva básicamente empresarial». Ha admitido que, debido a ello, «lo que no tenga un enfoque productivo no tiene sentido porque no es sostenible. Las empresas no son ONG». Este experto ha enumerado los principios del Pacto (concentrados en cuatro puntos esenciales, como normas laborales, medio ambiente, anticorrupción y derechos humanos), a los que se han adherido, de forma voluntaria, casi 9.000 entidades (la gran mayoría empresas) de 135 países diferentes. De estas entidades, 1.276 son españolas (59% de las cuales son pymes).

El último de los ponentes ha sido José Luis Blasco, responsable de Responsabilidad Social Corporativa de la cooperativa suiza KPMG Europe LLP, quien ha admitido que los derechos humanos en el sector empresarial es un tema «confuso, difuso» y ha reconocido que los Principios de Ruggie «pueden ayudar a que inversores estudien este tipo de cuestiones».

También ha admitido la importancia de los derechos humanos para el tejido empresarial: «La capa básica de la economía de mercado es el cumplimiento de los derechos humanos, el sustrato necesario para desarrollar gran parte de los negocios». Ha dado cinco recomendaciones a la hora de definir un sistema eficiente de implantación: analizar los riesgos, establecer los compromisos, asignar responsabilidades, la formación y la corrección.

«El problema de las políticas de derechos humanos de las compañías es que forman parte de una capa que no se conecta con los procedimientos de las operaciones, los procedimientos de la propia compañía, ha criticado». Blasco ha concluido la intervención diciendo que «se tiene que buscar la motivación para que las compañías apuesten por este tipo de políticas».

Numerosas intervenciones
La segunda parte del seminario ha sido una mesa redonda moderada por el sociólogo Salvador Giner que ha permitido escuchar de nuevo a estos ponentes, pero también otros expertos invitados.

Así, Klaus M. Leisinger y Lucy Amis han coincidido a pedir a los medios de comunicación que no se centren tan sólo en las malas prácticas de las empresas y en el hecho de que ante realidades complejas no valen soluciones fáciles como puede ser que ante situaciones problemáticas las empresas abandonen los países (lo que no tan solo no soluciona el problema, sino que puede incluso empeorarlo).

A su vez, Àngel Pes, subdirector general de Responsabilidad Social Corporativa de «la Caixa, ha advertido que las responsabilidades de las empresas no tienen que hacer diluir la principal, que es la de los estados, «que tienen responsabilidades que no pueden subcontratarse ». Acto seguido, Juan de la Mota ha recordado la importancia de que las empresas colaboren con los gobiernos locales, mientras que Camil Ros, responsable de política sindical de la UGT de Cataluña, ha criticado la dificultad de seguimiento que supone la política de subcontrataciones y ha pedido instrumentos y acuerdos internacionales para vigilar mejor la actuación de las empresas transnacionales.

Por otra parte, Carolina Gala, profesora titular de Derecho laboral de la UAB y experta en RSC, ha apostado por contraprestaciones económicas para los ciudadanos de países en vías de desarrollo para que puedan dejar de trabajar y se dediquen a estudiar, ha criticado que en el Estado español no se compruebe si realmente son socialmente responsables las empresas a las que se otorgan subvenciones por este motivo y ha pedido poder trasladar los modelos de responsabilidad social a empresas medianas y no tan sólo a las grandes multinacionales.

Otras aportaciones han sido la de Daniel Arenas, jefe de investigación del Instituto por la Investigación Social de la escuela de negocios Esade, quien ha admitido que los estudiantes de las escuelas de negocios no están concienciados con respecto a la RSC y que creen que el impacto de los derechos humanos ya está en las normativas gubernamentales, o la de Jaume Saura, presidente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, que ha recordado que los acuerdos de los foros internacionales no parten de idealistas, sino de expertos y representantes de los estados. «Y, por lo tanto, los estados son los primeros responsables que tienen que hacerlas cumplir», ha dicho.

Otra intervención ha sido la de Maria Prandi, responsable del programa sobre Empresa y Derechos Humanos de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB, quien ha pedido que se «desaprenda» algunos aspectos que se daban por aprendidos y ha celebrado que en los Principios de Ruggie «por primera vez se hable de forma seria de la reparación de las víctimas». A su vez, Mercedes Pizarro, directora de Estudios Económicos de Fomento del Trabajo, ha recordado que la responsabilidad empresarial tiene que ser voluntaria y que existe la corresponsabilidad de las administraciones y entidades públicas, mientras que Luigi Foffani, profesor de Derecho penal de la Universidad de Módena, ha admitido que en Europa hay una tendencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. «Lo que es más destacable es el aspecto preventivo de los delitos y la difusión de la cultura de la legalidad en las empresas europeas», ha resaltado.

En las reflexiones finales, Tomàs Jiménez Araya, coordinador ejecutivo del seminario, ha admitido la complejidad del problema, que todo se encuentran al inicio de un largo proceso, la importancia de un marco multilateral y de una concertación entre los actores públicos, privados y la sociedad civil. Las diferentes ponencias y aportaciones de este seminario tomarán forma a medio plazo con un libro que editará la UOC.

RSE. Buen Gobierno y Reputación: Responsabilidad Social
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Rodrigo González Fernández
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ACUERDO GANE Esta noche quiero hablarles a las familias chilenas de la educación y el futuro de nuestros niños y jóvenes.

Cadena Nacional de Radio y Televisión: Presidente Piñera anunció Gran Acuerdo Nacional por la Educación

 
 
05 de julio de 2011 El Presidente de la República, Sebastián Piñera, se dirigió esta noche al país a través de una cadena nacional de radio y televisión para hacer importantes anuncios en materia de educación.

A continuación, lea la intervención completa del Mandatario:

Queridos compatriotas:

Esta noche quiero hablarles a las familias chilenas de la educación y el futuro de nuestros niños y jóvenes.

En la sociedad del conocimiento y la información, el acceso y calidad de la educación, hacen muchas veces la diferencia entre un mundo de oportunidades y una vida de frustraciones.

La educación de calidad es la cuna de la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Es el más poderoso motor de realización de las personas y progreso de los países. Y es también, una condición esencial para hacer de Chile un país desarrollado, sin pobreza y con verdaderas oportunidades y seguridades para todos sus hijos.

A pesar de lo mucho que hemos avanzado, incluyendo los gobiernos anteriores, Chile sigue en deuda con la educación de nuestros niños y jóvenes. Tenemos 3 grandes desafíos pendientes: mejorar el acceso, la calidad y el financiamiento de la educación. Estos desafíos están en el corazón de nuestro Gobierno y de nuestra sociedad.

Como Presidente debo abordar los problemas y carencias de nuestro sistema educacional, que se arrastran por décadas, con un sentido de urgencia, realismo y visión de futuro. Esta misión requerirá mucho liderazgo, tiempo, esfuerzo, compromiso y recursos. Pero también exige acuerdos y buena voluntad de todos, como lo logramos, el año pasado, en la Reforma a la Educación Escolar.

Sin duda, juntos estamos avanzando en muchos frentes: completar la reconstrucción de los 4557 establecimientos dañados o destruidos por el terremoto. Aumentar la cobertura y calidad de la educación preescolar, para empezar a igualar oportunidades lo más cerca posible de la cuna.  Implementar la Agencia de Calidad y Superintendencia de Educación. Avanzar hacia la duplicación de la subvención escolar, privilegiando a los sectores más vulnerables y de clase media, a través de la subvención escolar preferencial.

También estamos atrayendo a los mejores estudiantes a las facultades de pedagogía, a través de la beca Vocación de Profesor. En modernizar el estatuto docente, para reconocer, capacitar e incentivar mejor a nuestros profesores. En fortalecer el liderazgo y excelencia de los directores de escuelas y liceos. En comprometer más a los padres y apoderados, entregándoles mejor información de los resultados de la educación de sus hijos. También en motivar y exigir más a los alumnos. En crear 30 nuevos liceos de excelencia, que se sumarán a los 30 ya existentes, y un liceo de excelencia virtual en la web, que servirá de apoyo a alumnos, padres y profesores, a lo largo y ancho de Chile.

Adicionalmente, he dispuesto que el Ministro de Educación, dialogando con todos los actores, fortalezca los liceos técnicos profesionales y la educación pública escolar, para que todos nos sintamos orgullosos de ella, a través de nuevas opciones de administración de los colegios municipales.

Tal como lo señalé el 21 de mayo, llegó el momento de avanzar también, y a paso firme, en la reforma a la Educación Superior.

En las últimas semanas hemos visto marchar y manifestarse a muchos escolares y universitarios por una mejor educación. Los hemos escuchado con mucha atención. Y tienen razón. El Gobierno de Chile y este Presidente comparten en un 100% este objetivo. Pero junto a sus derechos, los estudiantes también tienen deberes: asistir a clases, estudiar, y cuando se manifiesten, hacerlo en forma pacífica, sin violencia ni vandalismo, y respetando los derechos de los demás. Porque por muy masivas que sean las manifestaciones, estoy seguro que la mayoría de los estudiantes quiere estudiar, los adultos trabajar y los chilenos, vivir y progresar en paz.

Ya es tiempo de terminar con las tomas y protestas y recuperar los caminos del diálogo y los acuerdos. Por esta razón, propongo a todas las chilenas y chilenos un Gran Acuerdo Nacional por la Educación: el Acuerdo GANE, cuyos principales objetivos son mejorar la calidad, acceso y financiamiento de la Educación Superior, para avanzar hacia una Sociedad de Oportunidades y contribuir al sueño de todo padre y madre, cualquiera sea su condición socio-económica, de ver a sus hijos transformarse en buenos ciudadanos y buenos profesionales, sin tener que arruinarse o sobre endeudarse para pagar los aranceles o créditos, o tener que elegir cuál hijo podrá acceder a la Educación Superior y cuál no. No queremos que el sueño de un hijo profesional sea una pesadilla financiera para sus padres o una pesada mochila para los nuevos profesionales.

Para lograr estos objetivos el Gobierno estima indispensable que el Acuerdo GANE contemple la aplicación de las siguientes medidas:

En primer lugar, esta gran misión de mejorar la educación en Chile requiere de un enorme esfuerzo financiero. Por esta razón planteamos la creación de un Fondo para la Educación (FE), por un monto de 4 mil millones de dólares, que represente un verdadero pulmón para la educación, complemente los recursos del presupuesto fiscal y se constituya con recursos del Tesoro Público, del Fondo de Estabilización Económico y Social, de los excedentes del cobre y otros que se convengan en el contexto del Gran Acuerdo Nacional por la Educación.

En segundo lugar, mejorar el acceso y calidad del financiamiento a los estudiantes. En palabras simples más becas y créditos más económicos. Para estos efectos el Gobierno plantea: Primero, aumentar de 70 a 120 mil las becas para la educación técnico-profesional e incremente en un 20% su monto. Segundo, garantizar al 40% de alumnos más vulnerables, y con mérito académico, una beca para acceder a la institución de Educación Superior acreditada que ellos elijan. Tercero, reducir la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado, a cifras cercanas al 4% en un año normal, permitiendo así, a través de mejoras y subsidios del Estado, una rebaja significativa del monto de las cuotas de pago, y una suspensión de éstas en casos de desempleo. Adicionalmente, convocaremos a un grupo de trabajo, para proponer un nuevo sistema que reemplace al actual Crédito con Aval del Estado, por uno más justo y eficaz. Cuarto, rediseñar el Fondo de Crédito Solidario, para potenciar su recuperación y destinar esos recursos a nuevas becas, y reprogramar a los 110 mil deudores morosos, para permitirles reiniciar sus pagos y salir de Dicom.

En tercer lugar, mejorar los sistemas de admisión, acreditación, información y fiscalización del sistema universitario. Para esto postulamos: Primero, considerar el ranking y las notas escolares, además de la PSU, en los sistemas de admisión. Segundo, fortalecer la profundidad y rigurosidad de los sistemas de acreditación, para garantizar mejor la calidad y transparencia. Tercero, establecer un sistema completo, oportuno y confiable de información de las instituciones de Educación Superior a sus alumnos y postulantes, para que éstos tomen decisiones informadas, incluyendo antecedentes académicos y financieros de la institución, y laborales de sus egresados, como empleabilidad y remuneraciones. Cuarto, crear una nueva institucionalidad, a través de la Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior. Quinto, establecer un nuevo trato con las universidades del Estado, mediante un estatuto que modernice el gobierno universitario, desburocratice y flexibilice su gestión, permita el endeudamiento a mayores plazos, cree un fondo basal para su revitalización, y refleje de esta forma el sólido compromiso del Estado con las universidades estatales y de éstas con el Estado y la sociedad.

En cuarto lugar, definir una nueva institucionalidad para el sistema universitario, que diferencie universidades estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales. Adicionalmente, aseguraremos la transparencias total del sistema y abriremos un debate amplio, para analizar la posibilidad de distinguir entre estas últimas, las sin y las con fines de lucro. De acordarse la existencia de estas últimas, ellas deberán pagar impuestos por sus utilidades, los que destinaremos íntegramente al financiamiento de becas y préstamos para los alumnos más vulnerables.

El financiamiento estatal a las universidades hará las diferenciaciones que corresponden entre los distintos tipos de instituciones. El financiamiento estatal a los alumnos deberá ser en función de su mérito y situación socio-económica, permitiéndoles elegir libremente la entidad en que deseen estudiar, y avanzando hacia un sistema sin estudiantes de primera y de segunda clase.

El Gobierno creará 3 fondos concursables, al cual podrán postular las universidades, orientados a mejorar la calidad de la formación de profesores y directores de la educación escolar, a la creación de centros de excelencia en materia de innovación, ciencia y tecnología y a potenciar el aporte de las universidades regionales al desarrollo de sus respectivas regiones.

Hay algunos que abogan por una total estatización de la educación en Chile. Creemos que ello constituye un grave error y daña profundamente tanto la calidad como la libertad de enseñanza. Nuestro Gobierno apoya el concepto de una Sociedad Docente, donde tanto el Estado como la Sociedad Civil puedan participar y aportar, en la noble y valiosa misión de educar a nuestros niños y jóvenes, protegiendo el derecho de ellos y sus familias, a elegir libremente la institución en que quieren estudiar.

He solicitado al Ministro de Educación, con la activa participación y colaboración de todos los sectores, sacar adelante este Acuerdo GANE, el que requerirá un amplio y sólido compromiso de los alumnos en las salas de clases, los profesores en las aulas, los rectores y directores en sus instituciones, los padres y apoderados en sus hogares, los alcaldes en sus comunas, los parlamentarios en el Congreso, y por cierto, del Gobierno y este Presidente en La Moneda.

Este Gran Acuerdo Nacional por la Educación, hará de ella una verdadera fuente generadora de igualdades y oportunidades para todos nuestros niños y jóvenes, que favorezca el desarrollo de los talentos que Dios les dio y les permita una vida más plena y feliz.

Lo dije al comienzo, la batalla por una educación de calidad es la madre de todas las batallas. Es en este campo donde debemos ganar la batalla de las oportunidades, la batalla por la equidad y la batalla del futuro.

Porque no podemos fallarle a nuestros niños y jóvenes, como Presidente de Chile, tomaré todas las medidas y enviaré todos los Proyectos de Ley, que sean necesarios para implementar el Acuerdo GANE. Convoco encarecidamente a todos mis compatriotas a sumarse, con entusiasmo y compromiso, a esta Noble, Urgente y Necesaria Misión, de darles a nuestros niños y jóvenes la educación de calidad que merecen y necesitan.

Muy buenas noches y muchas gracias.


 

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Seminario de Historia Derecho en Hispanoamérica

REALES ACADEMIAS

Seminario de Historia  Derecho en Hispanoamérica
 
Con la participacion de Sergio Romero Pizarro embajador de Chile en España

La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación acogió el seminario «Constitución y reconstitución. ¿Cinco siglos de historia del Estado en Hispanoamérica?», bajo la organización

de la Sección de Derecho Iberoamericano y el seminario de Derecho Natural y Filosofía del Derecho de la institución anfitriona y con la colaboración de la Embajada de Chile en España y el Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II. En dicho seminario se pudo discutir sobre el libro escrito por el historiador del Derecho chileno y Premio Nacional de Historia 2010 de Chile, Bernardino Bravo Lira, titulado «Constitución y Reconstitución. Historia del Estado en Iberoamérica 1511-2009».

Junto al propio profesor Lira, participaron en el acto el coordinador del Seminario organizador y Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, Miguel Ayuso, el Embajador de Chile en España, Sergio RomeroPizarro, y los profesores Andrés Gambra (Universidad rey Juan Carlos), Jaime del Arena (Escuela Libre de Derecho deMéjico)  y José María Sánchez (Universida  de Sevilla).

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Presidente Piñera convoca a un Gran Acuerdo Nacional por la EducaciónAcompañado por el ministro de Educación, Joaquín Lavín, el Presidente pidió "terminar con las protestas y tomas", y prometió "abrir un debate amplio para distinguir entre las univer

Presidente Piñera convoca a un Gran Acuerdo Nacional por la Educación

Acompañado por el ministro de Educación, Joaquín Lavín, el Presidente pidió "terminar con las protestas y tomas", y prometió "abrir un debate amplio para distinguir entre las universidades sin y con fines de lucro".

Presidente Piñera convoca a un Gran Acuerdo Nacional por la Educación

SANTIAGO.- Acompañado por el ministro de Educación, Joaquín Lavín, el Presidente Sebastián Piñera convocó a todos los sectores a alcanzar un Gran Acuerdo Nacional por la Educación (GANE) y "terminar con las protestas y tomas".
 
En cadena nacional, el Mandatario sostuvo que es necesario que todos los chilenos apoyen esta propuesta para mejorar la calidad, acceso y financiamiento de la educación superior.


A continuación, explicó que dicho acuerdo contemplará la aplicación de diversas medidas, entre ellas la creación de un Fondo para la Educación (FE), por un monto de 4 mil millones de dólares. Según dijo, éste complementará los recursos del presupuesto fiscal y será financiado "con recursos del Tesoro Público, del Fondo de Estabilización Económico y Social, de los excedentes del cobre y otros que se convengan en el contexto del GANE".


De igual forma, prometió aumentar de 70 a 120 mil las becas para la educación técnico-profesional e incrementar en un 20% su monto. Asimismo, garantizar al 40% de alumnos más vulnerables, y con mérito académico, una beca para acceder a la institución de educación superior acreditada que ellos elijan.
 
Con el mismo objetivo de aminorar la carga financiera para los estudiantes, adelantó que se reducirá la tasa de interés del crédito con aval del Estado a cifras cercanas al 4% en un año normal, y las cuotas de pago serán suspendidas en casos de desempleo.
 
Adicionalmente, dijo que citará a un grupo de trabajo "para proponer un nuevo sistema que reemplace al actual crédito con aval del Estado, por uno más justo y eficaz", al tiempo que rediseñará el fondo del crédito solidario, con el fin de "potenciar su recuperación y destinar esos recursos a nuevas becas, y reprogramar a los 110 mil deudores morosos".


Rechazo a la estatización

En su discurso, el jefe de Estado fue claro al rechazar tajantemente las opiniones de dirigentes estudiantiles y de la oposición que han planteado estatizar la educación.


"Creemos que ello constituye un grave error y daña profundamente tanto la calidad como la libertad de enseñanza", manifestó Piñera y, a cambio, sostuvo que su gobierno "apoya el concepto de una sociedad docente, donde tanto el Estado como la sociedad civil puedan participar y aportar" en la misión de educar a los niños y jóvenes, "protegiendo el derecho de ellos y sus familias a elegir libremente la institución en que quieren estudiar".


Asimismo, prometió definir una nueva institucionalidad para el sistema universitario, "que diferencie universidades estatales, tradicionales no estatales y privadas no tradicionales". En este punto, destacó que asegurará "la transparencias total del sistema" y abrirá "un debate amplio para analizar la posibilidad de distinguir entre estas últimas, las sin y las con fines de lucro".


Y añadió que, de acordarse la existencia de estas últimas, deberán pagar impuestos por sus utilidades, los que serán destinados "al financiamiento de becas y préstamos para los alumnos más vulnerables".
 
En la misma línea, afirmó que "el financiamiento estatal a las universidades hará las diferenciaciones que corresponden entre los distintos tipos de instituciones" y los alumnos recibirán un aporte estatal "en función de su mérito y situación socioeconómica".
 
Además, el Gobierno creará tres fondos concursables a los que podrán postular las universidades y que estarán orientados "a mejorar la calidad de la formación de profesores y directores de la educación escolar, a la creación de centros de excelencia en materia de innovación, ciencia y tecnología, y a potenciar el aporte de las universidades al desarrollo de sus respectivas regiones".


Subsecretaría y nuevo trato con universidades estatales

En su mensaje al país, el Presidente enumeró también otra serie de medidas que apunta a mejorar la admisión, acreditación, información y fiscalización del sistema universitario, entre las que resaltó la creación de una Subsecretaría y Superintendencia de Educación Superior, y el desarrollo de un "nuevo trato" con los planteles estatales.
 
Esto último, según dijo, se llevará a cabo "mediante un estatuto que modernice el gobierno universitario, desburocratice y flexibilice su gestión, permita el endeudamiento a mayores plazos, cree un fondo basal para su revitalización y refleje, de esta forma, el sólido compromiso del Estado con las universidades estatales y de éstas con el Estado y la sociedad".
 
En el caso específico de la admisión indicó que, además de la PSU, se considerará el ranking y las notas escolares. También se fortalecerá "la profundidad y rigurosidad de los sistemas de acreditación, para garantizar mejor la calidad y transparencia".


De igual forma, para que los postulantes tomen bien sus decisiones, se establecerá "un sistema completo, oportuno y confiable de información de las instituciones de educación superior", incluyendo los antecedentes académicos y financieros de éstas, y los laborales de sus egresados, como empleabilidad y remuneraciones.


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